Corrupción y sicariato en ministerio de Gobernación

 

 

La destitución del ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, ordenada por el presidente el 1 de marzo, se produjo después de denunciarse varios escándalos de corrupción en dicho ministerio.

 

Proyectos Maskana —creada solo 10 meses antes de que se adjudicara un contrato— recibió Q39.48 millones de Finanzas por proveer cupones canjeables por combustible para las patrullas de la Policía Nacional Civil.

Los fondos del Estado para proveer de combustible a la Policía Nacional Civil (PNC) terminaron en cuentas de empresas de Panamá, Brasil y Estados Unidos, en lo que se considera una operación de lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de la Superintendencia de Bancos. Varios millones de quetzales terminaron en la compra de armas y franquicias de restaurantes; inversiones en bancos, y otros recursos regresaron a cuentas de los socios de Maskana o personas relacionadas con la firma.

 

Esta institución entregó el dinero a 18 empresas y sociedades anónimas con este fin, varias de las cuales de reciente creación, y por ello la IVE presentó una denuncia en el Ministerio Público, el 22 de febrero recién pasado, por lavado de dinero.

El caso también lo investiga la Fiscalía contra la Corrupción, que indaga a los representantes legales de esa entidad, después de que Aníbal Ventura, jefe interino del Departamento de Material Móvil de la PNC, presentó otra denuncia hace unos días.

Los cupones que entregó Maskana a la PNC no se podían canjear en San Marcos, El Progreso, Quetzaltenango, Izabal y Sacatepéquez, por lo que seis mil 916 autopatrullas se quedaron sin combustible.

 

Los involucrados

 

Una de las empresas investigadas por la IVE es Combustibles San Rafael, en la que algunos de su socios recibieron Q11 millones del dinero de la PNC.

 

La empresa creada en mayo del 2006 entregó a Julio Francisco Lainfiesta Rimola, hermano de Rodrigo Lainfiesta Rimola —uno de los accionistas de la Corporación Financiera Americana, la cual participó en el desfalco del Ministerio de la Defensa en el 2001—, US$240 mil (Q1.9 millones) para comprar un certificado de depósito a plazo en el Banco de Crédito.

Otro de los beneficiados fue Juan Carlos Leal Medina, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) del 2004 al 2008, quien recibió US$50 mil (Q405 mil 500), los cuales utilizó para comprar armas por medio de Forjas Taurus, S. A., en Brasil.

 

Off shore de Panamá

 

Otra parte de los fondos, cuyo montó no se especifica en la denuncia, se entregó a la off shore Vizcaya Holding Group, S. A., constituida en Panamá. Según el Registro Mercantil de ese país, se creó el 29 de abril del 2008, y su presidente y su vicepresidente son los guatemaltecos Pablo Alfredo Barrios Illescas y Juan Carlos Paiz Aguilar, respectivamente.

En Guatemala se registra su sede en la 20 calle 12-06, zona 10, pero en el lugar hay un taller de reparación de calzado.

También parte de los recursos se entregaron a Jorge Luis Serra, ex socio fundador de Proyectos El Triángulo, entidad que fue vendida a Maskana a principios del 2009.

 

Serra aparece en el Registro Mercantil como propietario de Gasolinera Shell Vallemita, la cual supuestamente vendió a Maskana combustible para la Policía. Con el dinero recibido Serra compró una franquicia de un restaurante en Miami, EE. UU., estableció la investigación.

 

Otra cantidad, Q400 mil, se entregaron a Allan Estuardo Türckheim, ex interventor de la casa de bolsa Mercado de Futuros, S. A. (MDF), que estafó Q82 millones al Congreso.

 

También hay depósitos a Soluciones Expertas, S. A., fundada el 21 de octubre del 2009.

 

También se benefició a la empresa Proyectos Nacionales, constituida el 31 de marzo del 2009 y en cuya sede hay una casa particular. El representante legal es Gerber Reyes Quibaja Ixcal.

 

La Librería Nova Expreso, ubicada en la colonia Los Cipresales, zona 6, aparece como otra de las entidades que recibieron fondos. En el Registro Mercantil aparece como propietario José Aníbal Hernández Nova.

 

Otra entidad que recibió fondos es Endosystems, S. A.

 

El 6 de mayo del 2009 la Dirección General de la PNC convocó a una licitación para comprar cupones canjeables por combustible, por Q120 millones, la cual fue adjudicada a Blue Oil, S. A.; sin embargo, el contrato nunca entró en vigor.

El 16 de septiembre del 2009 Gobernación decidió que la compra se haría sin licitar, y dos días después le otorgan el contrato a Maskana por Q40 millones.

 

El director de la PNC Baltazar Gómez, declaró que no conocía a la empresa Maskana ni a sus representantes, y que firmó el contrato por orden del ex ministro.

 

Otros contrato cuestionados

 

El pasado 23 de diciembre, el entonces ministro de Gobernación, Velásquez, cerró dos adjudicaciones para el arrendamiento de cámaras de vigilancia para los programas Escuelas Seguras y Paradas Seguras por Q40 millones. Son 735 cámaras y cada una será arrendada por US$646.80 mensuales.

 

Los dos contratos fueron de carácter restringido, es decir que sólo pueden participar proveedores invitados, y fueron adjudicados a la empresa Internet Telecommunication Company (Interteco) por la Subdirección General de Finanzas y Logística de la Policía Nacional Civil y por la Dirección General de la Policía Nacional Civil.

 

El primero, el 122-2009 fue por Q38 millones 987 mil 772.41 para las paradas de buses. El segundo para establecimientos con altos índices de delincuencia se otorgó por Q1 millón 399 mil 297.08

 

El 16 de diciembre del 2009 el Ministerio de Gobernación declaró lesivo el contrato por la compra de 10 mil chalecos blindados.

El precio acordado fue de Q39.1 millones, y la compra se efectuó por medio de la Industria Militar del Ministerio de la Defensa Nacional, la cual, a su vez, subcontrató a la empresa colombiana Miguel Caballeros.

 

La compra fue un fraude, ya que los chalecos eran atravesados por balas que se comercializan en el país.

 

Asume nuevo ministro

 

Carlos Menocal Chávez fue nombrado el 1 de marzo nuevo ministro de Gobernación, siendo el quinto nombrado en el cargo durante el actual gobierno.

 

Menocal es un periodista que durante este gobierno se desempeñó como asesor presidencial en comunicación, enlace entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ejecutivo, y conductor del programa radial Despacho Presidencial. Devengaba entonces, un salario de Q28 mil mensuales.

 

Carlos Menocal estudió Comunicación Social en la Universidad de San Carlos y en la Universidad Rafael Landívar. Como periodista trabajó en medios de comunicación escritos – como Siglo XXI, Prensa Libre y El Periódico. El 3 de marzo del 2009, Menocal fue designado para dirigir la Comisión Presidencial contra la Impunidad (CPCI), una instancia que integrarían los inspectores generales del Ejército, representantes de la Policía Nacional Civil, delegados de la la Superintendencia de Administración Tributaria y la IVE.

 

Durante su instalación , el Presidente Colom declaró que: "La intención es crear un" espejo "a la CICIG, para ayudar en la carga de trabajo que es considerable, pero, sobre todo, ser un apoyo para la CICIG, dando todos los insumos necesarios . Este comité debe trabajar los casos de delincuencia organizada, la corrupción, el blanqueo de dinero, todo de una manera integrada”. El primer objetivo de la CPCI es "para identificar los orígenes de la impunidad" y para desarrollar estrategias para combatir este flagelo. Su objetivo es cooperar con la información necesaria para la realización de investigaciones por el Consejo de Seguridad Nacional y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

De acuerdo al mapeo de fuerzas, dentro de la pugna suscitada dentro de los dos grupos identificados en el actual gobierno, Menocal pertenece al sector de la izquierda conformada por Orlando Blanco, Secretario de la Paz; Ronaldo Robles, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia; Arnoldo Villagrán, Viceministro de Gobernación; Ricardo Marroquín, Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS); Juan Alberto Fuentes, Ministro de Finanzas; Manuel de Jesús Galeano, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, (actualmente becado en Taiwán, ex guerrillero encargado de los sabotajes en tiempos de la guerra )y Francisco Jiménez, Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

 

Sicariato, denunció exviceministro

 

Horas antes de los cambios, Francisco Cuevas, quien hasta el 1 de marzo fungía como viceministro de Apoyo Comunitario, lanzó graves acusaciones contra la ex viceministra de Seguridad, Marlene Blanco Lapola.

 

“Recibí un anónimo el 13 de octubre de 2009 donde informaban acerca de dos grupos de aproximadamente 30 personas vinculadas al sicariato que funcionaban bajo el mando de Blanco Lapola. A uno de ellos le dicen El Payaso y se lo informé al Presidente y a la CICIG”, denunció Cuevas a una radio.

 

Cuevas aseguró: “Me siento traicionado, por instituciones como la CICIG, porque después de entregarle información no me contactaron más. Esto es preocupante, hacen suponer que soy una persona corrupta, no voy a ocultar nada”.

 

Indicó que le parece raro que los cambios en Gobernación se efectuaron después de la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público (MP) por supuestas ilegalidades en esa cartera por un monto de Q172 millones, en la cual se incluía la adquisición de chalecos antibalas para los agentes de la Policía.

 

Cuevas denunció que los grupos especiales fueron formados dentro de la PNC entre el 2008 y 2009. Uno de ellos –formado sólo por policías- fue creado específicamente para investigar extorsiones y muertes de pilotos. Este estaba a cargo de la Dirección Adjunta de la Policía desde enero hasta julio de 2009, pero luego fueron distribuidos en diferentes unidades de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC).

El otro grupo fue creado a finales de 2008 para que realizara trabajo de inteligencia: allí fueron contratados ex agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y ex investigadores de la PNC destituidos. Algunos aún tienen contrato en la Policía, mientras que otros no.

 

Uno de los sospechosos es David Custodio, otro es Christopher Ortiz. Ambos negaron las acusaciones.

 

Estos grupos fueron desarticulados durante la administración de Porfirio Pérez Paniagua, ex director de la PNC, en julio de 2009. El ex director denunció la existencia de grupos paralelos ilegales. No obstante, días antes de que Pérez fuera removido del cargo, Blanco Lapola, quien ya desempeñaba el cargo de viceministra de Seguridad, envió dos oficios, ambos con fecha 4 de agosto, dirigidos a Baltazar Gómez Barrios para que reinstalara el grupo disuelto por Pérez Paniagua. En la carta, Blanco Lapola se refirió a Gómez como Director General, cuando aún Pérez Paniagua fungía en ese puesto.

 

En dichas cartas, Blanco Lapola solicitó apoyo con equipo completo –vehículos, chalecos antibalas, celulares, armamento, equipo y mobiliario– para estas personas. Hay 2 listados: en uno figuran 21 nombres y en el otro 46. Ellos estarían a cargo del tema de extorsiones y muertes violentas a pilotos.

 

Ambos oficios son avalados y firmados por Raúl Velásquez, ex ministro de Gobernación. Porfirio Pérez, tres días antes de ser capturado, presentó una denuncia ante una institución, a donde llevo hojas con fotos de estos grupos y solicitó que los investigaran porque estaban vinculados a crímenes de pilotos.

 

Según Cuevas, el grupo de sicarios es responsable, entre otros asesinatos, del periodista Rolando Santis,

Lapola se defendió, diciendo: “Voy a ir a las últimas instancias y que se compruebe las personas que él dice que he estado comandando en un momento dado, esas situaciones que argumenta, me parece extraño que las haga de lejos, ¿por qué no vino y me enfrentó y me llamó ante un tribunal y me las hizo saber de frente como un verdadero hombrecito?”.

 

Exministro apoya denuncias

 

El exministro Raúl Velásquez rechazó los cargos de corrupción y pidió investigar al presidente de la República, Álvaro Colom, por el caso de la exviceministra Marlene Blanco Lapola, acusando al gobierno y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) , de haber ocultado la información sobre el escuadrón de la muerte formado por la exfuncionaria.